sábado, 12 de diciembre de 2009

Exportamos jamón y represión política

El Tribunal Constitucional de Turquía se ha basado en la Ley de Partidos española para ilegalizar el partido kurdo Demokratik Toplum Partisi (Partido de la Sociedad Democrática, DTP) por colaboración con el brazo armado del Partiya Karkerên Kurdistan (Partido de los Trabajadores del Kurdistan, PKK), que ya fue ilegalizado hace años.

La historia
Por lo que parece, ambos partidos buscan la emancipación del pueblo kurdo. La historia viene de lejos: como colectivo, apoyaron a los aliados en la Primera Guerra Mundial, cuando Turquía se llamaba Imperio Otomano y era el malo de la película y se estaba desintegrando. El caso es que se incumplió, como siempre, el tratado que debía dar la independencia a los kurdos, y así llevan casi un siglo sometidos y disgregados entre Turquía, Irán, Iraq y Siria (estados de nueva creación) sin contar la fuerte migración hacia países europeos cercanos, especialmente Alemania.

Las diferencias
Principalmente, la lengua y la religión, y la parte cultural y de costumbres que conlleva. Pero, sobre todo, la persecución sufrida a principios de siglo, en un Imperio Otomano que preveía su caída, y por los gobiernos posteriores, dictatoriales o proto-democráticos, represores de cada intento de independencia.

La decisión
Los once jueces del Tribunal Constitucional turco han estado cuatro días deliberando. Según han declarado, su decisión final se apoya en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la ilegalización de Batasuna en España. Hay que decir, sin embargo, que la principal fuente de derecho de la decisión es la Constitución turca de 1982, aprobada tras un golpe militar. La Carta contempla la posibilidad, y lo ha hecho ya 16 veces, de cerrar partidos políticos que pongan en cuestión "la laicidad" o "la indivisible unidad del Estado y la nación".

El DTP ha sido ilegalizado porque es "un foco de actividades perjudiciales para la independencia del Estado y de su unidad indivisible". La justicia turca ha considerado que el DTP, que tiene 21 diputados en el Parlamento, le tira demasiado la caña al PKK y su panda de matones, las Fuerzas de Defensa Populares. El PKK que está considerado terrorista por la UE. Además, ha prohibido meterse en política a 37 de sus miembros durante los próximos cinco años.

Un momento inoportuno
En 2006 se empezaron a investigar a varios alcaldes de DTP por promover la lengua kurda en el ámbito político y social local. Hubo especial revuelo por la emisora de televisión Roj TV, que emite desde Dinamarca y, por lo tanto, no se somete a las leyes de lo audiovisual de Turquía. Algunos alcaldes se comunicaron con el gobierno danés para evitar su cierre, y por ello fueron procesados. En 2007, la Fiscalía del Estado inició el proceso de ilegalización, pero el veredicto ha llegado justo a tiempo para congelar un nuevo intento de pacificación del conflicto. Hace un mes, se presentaron en el Parlamento turco una serie de iniciativas para integrar a la minoría kurda. Integrar, no independizar. Sin el apoyo político del DTP, y con el impacto en la opinión pública turca que puedan causar los disturbios por la ilegalización, la propuesta no llegará a puerto.

El futuro
Es probable que se tengan que convocar nuevas elecciones en Turquía, ya que el DTP posee el 3% de representación parlamentaria (21 de los 550 escaños de la Gran Asamblea Legislativa) y más de 50 ayuntamientos. De momento, el candidato representativo del pueblo kurdo será el Partido por la Paz y la Democracia (BDP), creado por los mismos miembros del DTP. De momento, porque al haberlo fundado personas apartadas legalmente de la política, podría correr la misma suerte que el DTP en cuestión de meses.

Fuentes de información

Wikipedia

Nota: me escandaliza tanto la situación como mi propia ignorancia sobre el tema. El post tenía la intención de formarme a mí misma. Pido disculpas por las posibles imprecisiones.

miércoles, 9 de diciembre de 2009

Televisión pública y de calidad (?)

Televisión Española (TVE) tiene prohibida por ley la inserción de publicidad a partir del 1 de enero de 2010. Parece que pocos se han dado cuenta de cuánto significa esta novedad. Estamos a las puertas de una cadena de televisión que, al no preocuparse por suscitar el interés de los anunciantes, puede programar contenidos culturales y críticos. Puede, otra cosa es que quiera.

Nuevo modelo de financiación
Empecemos por el principio: hasta ahora, se ha hablado de la "competencia desleal" de TVE hacia las otras televisiones, ya que ingresa dinero por los anuncios y, al mismo tiempo, recibe "subvención" del estado. Presumiblemente, ha sido la presión de las cadenas privadas la que ha empujado al Gobierno a tomar medidas. Sin embargo, lo que le va a pasar ahora a TVE está muy lejos de perjudicarla.

La publicidad se paga en función de cotas de audiencia. Por una razón que desconozco, los picos del share están reñidos con los contenidos de calidad. Así, cuando un medio prescinde de la financiación publicitaria, es libre para programar los contenidos que quiera (y pueda pagar).

Y es que queda un cabo suelto en lo que se refiere al nuevo modelo de financiación de TVE. Según explica hoy el diario ADN, el hueco que deja la publicidad lo aportará una cuota pagada por las cadenas privadas y de pago. Tributarán, respectivamente, el 3% y el 1,5% de sus ingresos, hasta llegar a un límite: el 20% del presupuesto de TVE. ¿Complicado, no? En el caso de las operadoras de telecomunicaciones (las que ponen la infraestructura, por ejemplo, Telecable), pagarán el 0,9%, hasta un 25% del presupuesto. Esto se justifica porque el 40% de la publicidad que emitía TVE irá a parar a estos medios, de manera que es el mismo dinero de los mismos anuncios el que llega a TVE, pero por un camino más largo.

Cambios en el contenido
El nuevo concepto de TVE pasa por dejar de actuar como una cadena privada. Esto significa, por ejemplo, eliminar de la parrilla los programas de tele realidad o sucedáneos. Así, desaparecerá Mira quién baila, una casposidad muy cara.

Otro programa que se lleva parte importante del pastel presupuestario son los deportes. Es por eso que los derechos de emisión, seguramente, se compartirán con las televisiones autonómicas. Este sistema, que ya se había utilizado antes, rebaja a la mitad el dinero que ha de pagar la cadena. La emisión no será exclusiva pero, si no se necesita gran audiencia para atraer anunciantes, ¿qué más da?

Los programas informativos se llevarán la mayor parte del peso de la cadena. Parece lógico, después de la galletita que ha supuesto recibir el TV News Award 2009 por el TD2 al mejor telediario del mundo. El informativo de la noche de TVE ha pasado por delante de otros como el de la BBC, considerada la mejor televisión pública.

Por último, será la ficción propia la apuesta fuerte de la nueva era de TVE. Se invertirá en teleseries que conocemos de sobra y otras nuevas. También se emitirán, preferiblemente, películas españolas, en detrimento de la compra de filmes foráneos.

Lo que queda por ver
Que quiten la misa y que la cosa no cambie (radicalmente) con los vaivenes en el Ejecutivo. Pero más importante que todo eso, los puestos de trabajo. Que no se repita, y aún se recuperen los cuatro mil profesionales de TVE se han quedado en la calle desde 2006. Un ERE temprano del que nadie habló (seguramente ni el mejor informativo del mundo 2009).

lunes, 7 de diciembre de 2009

Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que…

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial – un organismo dependiente del ministerio de Cultura -, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

Este manifiesto, elaborado de forma conjunta por varios autores, es de todos y de ninguno. Si quieres sumarte a él, difúndelo por Internet.

[También puedes firmar la petición aquí]